El gobierno del presidente Joe Biden emitió el martes una moratoria de desalojos en las zonas más afectadas por el COVID-19, extendiendo una prohibición federal de los mismos en todo el país que caducó el sábado, a pesar de las dudas legales sobre la posibilidad de hacerlo unilateralmente.
La nueva medida, en vigor durante 60 días, prohíbe los desalojos en los condados con altos índices de transmisión del COVID-19, lo que refleja que los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades recomiendan a los residentes vacunados usen mascarillas en interiores y en lugares públicos.
La moratoria vencida, de 11 meses de duración, debía permanecer en vigor hasta septiembre, pero una sentencia de la Suprema Corte señaló que no podía continuar más allá del 31 de julio sin la autorización del Congreso, dijo la portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki.
Sin embargo, la directora de los CDC, Rochelle Walensky, firmó la orden el martes por la noche después que Biden confirmara la medida a primera hora del día. El presidente dijo que buscó la opinión de eruditos constitucionales para determinar si el CDC tenía la autoridad legal para emitir una nueva acción que obstruyera los desalojos, pero no estaba claro si podría eludir el trámite constitucional.
Biden dijo que el litigio pendiente «probablemente dará algún tiempo adicional» para que fluyan los fondos de ayuda al alquiler. El presidente dijo que su esperanza es que la nueva acción cubra de alguna manera a cerca del 90% de los estadounidenses que son inquilinos.
«Su objetivo es centrarse en áreas específicas del país donde los casos están aumentando rápidamente, lo que probablemente se vería exacerbado por los desalojos masivos», dice la orden de Walensky.
