DETROIT, MI. – Los habitantes de Detroit que se enfrenten a un desalojo podrían contar con un abogado en los tribunales gracias a una nueva propuesta que ofrece el «derecho a la asistencia letrada», alabada por algunos defensores de la vivienda como un cambio de rumbo para los residentes con bajos ingresos.
La ordenanza propuesta por la presidenta del Consejo Municipal, Mary Sheffield, proporcionaría asesoramiento jurídico a los ocupantes con derecho a recibir asistencia en los casos de desalojo residencial y otros procedimientos que amenazan la vivienda -como las ejecuciones hipotecarias o las confiscaciones de contratos de suelo- en el Tribunal del Distrito 36.
«Esta cuestión nos afecta a todos. Creo que es una solución para estabilizar nuestros barrios y también tiene un retorno económico para la ciudad de Detroit», dijo Sheffield durante una reunión del comité de planificación y desarrollo económico el jueves, pidiendo que la ordenanza se trasladara fuera de la sesión para una audiencia pública para discutir cuestiones en torno a la financiación.
Pero las autoridades municipales dijeron que la ordenanza, tal como está, sería financieramente perjudicial para Detroit y plantearon preguntas sobre su carácter indefinido.
La propuesta suscitó duras críticas por parte de los funcionarios de la ciudad.
«La forma en que se presenta es muy peligrosa para la ciudad», dijo Chuck Raimi, consejero interino de la corporación, ante el comité el jueves. Raimi dijo que la ordenanza proporciona un derecho abierto a un abogado y no aborda la financiación, añadiendo que es «fundamentalmente defectuosa» y no debe ser aprobada y apresurada.
Unos 3.000 inquilinos son desalojados de sus apartamentos cada año en Detroit, y muchos de ellos no pueden permitirse un abogado.
Con la propuesta, la Coalición por el Derecho a la Abogacía de Detroit afirma que los inquilinos tienen 18 veces más posibilidades de evitar el desalojo si cuentan con un abogado.
Tonya Myers Phillips, abogada de la Coalición por el Derecho a la Abogacía de Detroit, dijo que expertos legales de la ACLU y del Programa de Derecho de la Pobreza de Michigan han examinado la ordenanza y concluyeron que es «legalmente sólida».
El Consejo Municipal de Detroit tiene previsto programar una audiencia pública sobre el tema el martes.
También puede leer: Se celebran 2 años de la política de licencia familiar pagada.
Comments 1