LANSING (LMTV) – La fiscal general de Michigan, Dana Nessel, se unió a una coalición de fiscales generales para presentar una demanda y detener una nueva regla federal que amenaza con prohibir que cientos de miles de estudiantes internacionales estudien en los Estados Unidos.
La demanda, presentada hoy en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos en Massachusetts contra el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos (DHS) y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos (ICE), desafía lo que los fiscales generales llaman la acción «cruel, abrupta e ilegal del gobierno federal para expulsar a los estudiantes internacionales en medio de la pandemia que ha provocado la muerte y el confinamiento en los Estados Unidos». La demanda busca una orden judicial para evitar que la regla entre en vigencia.
La demanda de hoy desafía un cambio abrupto de política por parte de ICE para revertir la orientación emitida el 13 de marzo que reconoció la emergencia de salud pública COVID-19, proporcionó flexibilidad para las escuelas y permitió a los estudiantes internacionales con visas F-1 y M-1 tomar clases en línea para el duración de la emergencia. El 6 de julio, ICE anunció que los estudiantes internacionales ya no pueden vivir en los Estados Unidos y tienen que tomar todas sus clases en línea durante la pandemia, parando así meses de planificación cuidadosa de colleges y universidades para limitar la instrucción en persona a favor del aprendizaje remoto y adaptar sus cursos para el semestre de otoño, dejando a miles de estudiantes sin otra opción que abandonar el país.
Los fiscales generales dicen que la nueva regla y la reversión abrupta de la instrucción anterior amenaza a sus estados de varias maneras:
• No tiene en cuenta la salud y la seguridad de los estudiantes, profesores y personal;
• No considera los enormes costos y la carga administrativa que impondría a las escuelas para reajustar los planes y certificar a los estudiantes;
• No considera que, para muchos estudiantes internacionales, el aprendizaje remoto en sus países de origen no es posible;
• Impone un daño financiero significativo a las escuelas, ya que los estudiantes internacionales pagan cientos de millones de dólares en matrícula, vivienda, comidas y otras tarifas;
• Impone daño a las comunidades académicas, extracurriculares y culturales de las escuelas, ya que los estudiantes internacionales aportan perspectivas invaluables y diversas habilidades; y
• Obliga a los colleges y universidades a ofrecer clases presenciales en medio de una pandemia o perder un número significativo de estudiantes internacionales que tendrán que abandonar el país, transferirse o darse de baja de la escuela.
La demanda también alega que la nueva norma impone un daño económico significativo al impedir que miles de estudiantes internacionales vengan y residan en los Estados Unidos y encuentren empleo en campos como la ciencia, la tecnología, la biotecnología, la atención médica, los negocios y las finanzas, y la educación, contribuyendo a la economía general.
La Fiscal General Nessel se une a la demanda junto con los fiscales generales de Massachusetts, Connecticut, Colorado, Delaware, Distrito de Columbia, Illinois, Nevada, Nueva Jersey, Maryland, Nuevo México, Oregón, Pensilvania, Rhode Island, Vermont, Virginia y Wisconsin.
