El pasado lunes el juez Jesús Gilberto Bernal, de la Corte de Distrito del Distrito Central de California, aprobó el acuerdo entre los demandantes, Xochitl Hernández y César Matías, y el Departamento de Justicia que había sido alcanzado en octubre del año pasado.
Mediante el convenio judicial se impide que las cárceles de la Oficina de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) en el Distrito Central de California retengan bajo fianza a extranjeros que están indocumentados en el país sin tener en cuenta su capacidad de pago.
La ACLU señaló en un comunicado que el anuncio de la corte es una “importante victoria legal para los derechos de los inmigrantes”. “El tribunal federal aprobó un acuerdo que prohíbe que ICE y los jueces de inmigración establezcan fianzas irrazonables para los inmigrantes detenidos por no considerar sus recursos financieros”, añadió.
En muchos casos inmigrantes de bajos recursos, que entraron en proceso de deportación por no contar con la documentación de permanencia en Estados Unidos, han estado detenidos durante meses porque no podían pagar la fianza que los colocaba en libertad.
La ACLU también recalcó que “La Constitución prohíbe el encarcelamiento basado en la pobreza, tanto para ciudadanos como para no ciudadanos».
El acuerdo alcanzado entre las partes y respaldado por la corte, puso fin a la demanda colectiva conocida como Hernandez v. Garland, que fue presentada originalmente en 2016 y litigada por la ACLU, la Fundación ACLU del Sur de California y abogados pro-bono de Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP y Mayer Brown LLP.
También puede leer: USCIS avanza en otorgar ‘green card’ y naturalización en máximo seis meses.
