Lansing, MI – La fiscal general de Michigan, Dana Nessel, junto a 19 colegas de distintos estados y el gobierno de Kentucky, anunció la interposición de una demanda contra el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), en rechazo a lo que califican como una exigencia ilegal: la entrega masiva de datos personales confidenciales de millones de beneficiarios del programa SNAP.
Este recurso judicial, presentado ante el Tribunal de Distrito del Norte de California, acusa al USDA de violar leyes federales de privacidad, omitir los procedimientos de consulta pública, exceder sus competencias legales y transgredir la Constitución estadounidense. Según el comunicado, la amenaza del USDA de retener financiación si los estados se niegan a entregar información sensible—como números de seguro social y domicilios particulares con hasta cinco años de antigüedad—pone en riesgo el acceso a alimentos de millones de familias.
«No permitiremos que esta administración use la lucha contra el fraude como pretexto para vulnerar derechos constitucionales», declaró Nessel. «Seguiremos protegiendo la privacidad de nuestros residentes.»
El SNAP, gestionado por los estados con fondos federales, ha sido considerado durante seis décadas una red de apoyo alimentario fundamental. El propio USDA ha descrito el sistema como uno de los más rigurosos en control de calidad. No obstante, la nueva medida implicaría un cambio sin precedentes en el tratamiento de los datos personales de los beneficiarios, abriendo la puerta a su uso con fines migratorios o no revelados.
En Michigan, más de 1,4 millones de personas dependen del SNAP, y cualquier interrupción en la financiación federal, que asciende a un promedio mensual de $254 millones, podría tener consecuencias devastadoras. Los fiscales alegan que la petición del USDA no responde a necesidades administrativas del programa, y alertan que forma parte de una campaña más amplia para recopilar y utilizar información personal con objetivos políticos.
El respaldo a la demanda incluye representantes de estados como California, Nueva York, Massachusetts, Arizona y Oregón, entre otros. La demanda busca frenar lo que los demandantes califican como una amenaza directa al derecho a la privacidad y al bienestar de millones de ciudadanos.
Una copia de la demanda estará disponible en el sitio web de AGNews una vez presentada.
