Trabajadores avícolas del oeste de Michigan demandan por laxas protecciones de COVID-19

Tres trabajadores agrícolas presentaron una demanda contra Sunrise Acres Egg Farm por violaciones de la Families First Coronavirus Response Act (FFCRA) y la ley común de Michigan basada en la negligencia de Sunrise. Los tres trabajadores contrajeron COVID-19, a pesar de sus esfuerzos personales para protegerse contra el virus, debido a que Sunrise Acres no implementó políticas para proporcionar equipo de protección personal (PPE) y garantizar el distanciamiento social entre su fuerza laboral. Los trabajadores están representados por el Michigan Immigrant Rights Center (MIRC) y el Sugar Law Center for Economic and Social Justice.
Los trabajadores esenciales escaseaban al comienzo de la pandemia de COVID-19. A medida que aumentaba la necesidad de trabajadores contratados en la cadena de suministro de alimentos, las empresas avícolas como Sunrise Acres aumentaron su fuerza laboral contratada para satisfacer la demanda. Sin embargo, a pesar del aumento de las advertencias del gobierno federal y estatal sobre la necesidad de que las empresas instituyeran políticas para proteger a su fuerza laboral al exigir el distanciamiento social y proporcionamiento de PPE, Sunrise Acres no lo hizo de manera oportuna. Para complicar aún más el problema, Sunrise Acres no escuchó las preocupaciones de los trabajadores, particularmente cuando un empleado de Sunrise estaba visiblemente enfermo y aun así manejo a los trabajadores contratados al lugar de trabajo.
En abril de 2020, Juana Beatrice Castaneda Sánchez se quejó a los supervisores de Sunrise Acres sobre sus preocupaciones sobre el COVID-19 y sobre el empleado potencialmente enfermo. También alertó a su empleador, C & C West Poultry, el contratista de trabajo agrícola que proporcionó trabajadores contratados a Sunrise Acres. A pesar de las objeciones la Sra. Castaneda Sánchez, ni Sunrise Acres ni C & C West Poultry tomaron ninguna medida para proteger a su fuerza laboral. Debido a la falta de equipo de protección personal suficiente para los trabajadores, la cercanía de los trabajadores dentro de las plantas empacadoras de huevos y la presencia de trabajadores que ya presentaban síntomas de coronavirus, la Sra. Castañeda Sánchez junto con su esposo, Juan Carlos Covarrubias, y la compañera de trabajo Margarita Rodríguez Contrajieron el COVID-19. El Departamento de Salud y Servicios Humanos de Michigan ordenó a los tres trabajadores que se aislaran. Los tres trabajadores no recibieron remuneración por su tiempo fuera del trabajo, a pesar de que la FFCRA les obligó a los empleadores proporcionar a los trabajadores ochenta horas de licencia por enfermedad pagada.
Juana Beatrice Castaneda Sánchez valientemente compartió su experiencia para garantizar que contratistas como Sunrise Acres protejan a los trabajadores que permitieron a la empresa seguir proporcionando huevos al público, especialmente después de que muchos trabajadores siguieron las reglas de cuarentena determinadas por la oficina de la gobernadora al comienzo de la pandemia. «El COVID-19 me ha afectado de muchas maneras, mental, financiera y económicamente», dijo Castañeda Sánchez a través de un interprete. «Me infecté con COVID-19 porque en el trabajo no nos daban protecciones de seguridad, no nos daban máscaras. Tuvimos que comprar máscaras con nuestro propio dinero. Y muchos de nosotros en el trabajo nos enfermamos por falta de equipos de protección en nuestros lugares de trabajo.»
“Aplaudimos el coraje de trabajadores como Juana por hablar sobre sus preocupaciones”, dijo Gonzalo Peralta, abogado de MIRC. “Al comienzo de la pandemia, los trabajadores agrícolas se consideraban esenciales y, sin embargo, el empleador de Juana no tomó las medidas necesarias para proteger a sus trabajadores. Juana y sus compañeros de trabajo merecen trabajar en un ambiente que garantice su salud y seguridad. Es una realidad lamentable en la que los empleados tienen que verse obligados a actuar y reparar los errores mediante pleitos”.
«La negación de Sunrise Farm de las realidades de esta pandemia afectó más a las personas de las que más dependemos: las personas trabajadoras que continuaron viniendo a trabajar y procesando la comida que aparece en los estantes de los supermercados en este estado y el país», dijo John Philo, director ejecutivo y legal del Sugar Law Center for Economic & Social Justice. “En este caso, la empresa no tomó las protecciones más básicas para garantizar que el COVID 19 no se propagara entre los trabajadores y, a través de esta demanda, buscamos la rendición de cuentas. en nombre de las personas que resultaron dañadas «.
Trabajadores que tengan preguntas sobre sus derechos pueden llamar a la línea directa gratuita y confidencial para trabajadores agrícolas e inmigrantes de MIRC al 800-968-4046.