El estado de Texas demandó este jueves una reciente política del gobierno que agiliza los procesos de asilo en la frontera.
Luego de que una corte de Louisiana detuvo temporalmente la cancelacion del Título 42 propuesto por la administración de Biden, la Casa Blanca respondió que acatará el dictamen, pero que continuará con los planes de desmantelamiento hasta que se produzca una sentencia definitiva.
Entre los planes se había presentado recientemente una política de gobierno, que otorga poderes discrecionales a agentes de asilo de la Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración (USCIS) en lugar de los jueces de inmigración. Debido a esto, el estado de Texas presentó una demanda el jueves.
La demanda, encabezada por el procurador general de Texas, Ken Paxton, en contra de la política migratoria del presidente Joe Biden, busca que se suspenda la medida y que se evite que el gobierno facilite el ingreso de indocumentados, pues asegura que el asilo, un recurso legal disponible, está siendo abusado por los inmigrantes.
Texas no está de acuerdo con las políticas migratorias que el gobierno viene adoptando desde enero del 2021. Argumenta que la nueva política que entraría en vigor el 31 de mayo, “es arbitraria y caprichosa” y que “pone patas arriba todo el sistema judicial en beneficio de los extranjeros”, según señala la demanda.
Paxton dijo que “las reglas exacerban las lagunas en el proceso de remoción de extranjeros ilegales, priorizan la supuesta eficiencia sobre la seguridad nacional y los impactos costosos para Texas, e ignoran las soluciones de sentido común y las políticas efectivas de seguridad fronteriza”, según señala la Cadena Univisión.
La demanda se produce un día después de que el secretario de Seguridad Nacional Alejandro Mayorkas, afirmara ante el Congreso que la administración de Biden ha «manejado de manera efectiva» la actual crisis fronteriza.
Lo que se busca con la política, es reducir el tiempo de espera promedio para que los solicitantes de asilo reciban una decisión en su caso de cinco años a seis meses.
Hasta marzo, los jueces de inmigración tenían casi 1,7 millones de casos pendientes, el mayor retraso en la historia del país, según Transactional Records Access Clearinghouse de la Universidad de Syracuse.
En caso de que bloqueen la medida, el gobierno quedaría con pocos recursos para descongestionar la Corte de Inmigración.
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