Varias organizaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes, incluyendo la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), han interpuesto una demanda contra la administración Trump. Esta acción legal responde a una orden ejecutiva emitida por la administración, la cual intenta modificar el derecho a la ciudadanía por nacimiento, un derecho actualmente protegido por la Decimocuarta Enmienda de la Constitución de Estados Unidos.
La orden propuesta busca restringir el acceso a la ciudadanía automática para los hijos de inmigrantes nacidos en territorio estadounidense. Los demandantes sostienen que tal medida es inconstitucional y representa una violación flagrante de los derechos humanos fundamentales. La Decimocuarta Enmienda, ratificada en 1868, establece que «todas las personas nacidas o naturalizadas en Estados Unidos, y sujetas a su jurisdicción, son ciudadanos de Estados Unidos y del Estado en el que residen».
Los grupos de derechos de inmigrantes argumentan que la orden ejecutiva de la administración Trump afectaría gravemente a numerosas familias y comunidades inmigrantes, creando un clima de inseguridad y discriminación. Señalan que la propuesta es parte de un esfuerzo más amplio para desmantelar protecciones legales y derechos establecidos, con el objetivo de disuadir la inmigración.
«Negar la ciudadanía a los niños nacidos en Estados Unidos no sólo es inconstitucional, sino que también es un repudio imprudente y despiadado de los valores estadounidenses», dijo Anthony D. Romero, director ejecutivo de la ACLU, en un comunicado. «La ciudadanía por derecho de nacimiento es parte de lo que hace de Estados Unidos la nación fuerte y dinámica que es. Esta orden busca repetir uno de los errores más graves de la historia estadounidense, al crear una subclase permanente de personas nacidas en Estados Unidos a las que se les niegan todos los derechos como estadounidenses. No permitiremos que este ataque a los recién nacidos y a las futuras generaciones de estadounidenses quede sin respuesta. La extralimitación de la administración Trump es tan atroz que confiamos en que finalmente prevaleceremos».
Además, la ACLU ha destacado que la eliminación de la aplicación migratoria CBP One, que permitía a los migrantes en territorio mexicano solicitar citas para presentarse en la frontera, ha exacerbado la situación. Esta plataforma era esencial para que los migrantes pudieran ejercer su derecho a solicitar asilo de manera ordenada y legal. La eliminación de CBP One ha dejado a muchos migrantes en una situación de mayor vulnerabilidad y sin opciones claras para regularizar su estatus migratorio.
La fiscal general de Michigan, Dana Nessel, también se ha pronunciado sobre las órdenes ejecutivas del presidente Trump. Nessel expresó serias preocupaciones respecto a muchas de las acciones propuestas, señalando que podrían implicar violaciones flagrantes de la Constitución de los Estados Unidos, la Ley de Procedimientos Administrativos y otras leyes federales. En particular, Nessel destacó que la orden ejecutiva que socava la enmienda constitucional que otorga la ciudadanía por nacimiento es una afrenta a la Constitución. Su departamento está revisando cada una de las órdenes ejecutivas firmadas por el presidente Trump y trabajando con colegas para buscar el remedio legal apropiado.
La orden ejecutiva sobre la ciudadanía por nacimiento fue parte de una serie de acciones relacionadas con la inmigración que Trump tomó el primer día de su segundo mandato. Entre estas acciones, se incluyó una declaración de emergencia que ordena a las fuerzas armadas estadounidenses ayudar al Departamento de Seguridad Nacional a obtener el control operativo total en la frontera sur. Además, Trump firmó una orden ejecutiva que suspende los programas de refugiados, y los programas de libertad condicional ‘categórica’.
