Detroit, MI — En respuesta a crecientes presiones federales sobre las agencias policiales locales, la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) de Michigan y el Centro de Derechos de los Inmigrantes de Michigan (MIRC) han distribuido una guía legal actualizada a cientos de departamentos de policía en el estado. El documento busca reforzar el compromiso de las fuerzas del orden con la seguridad pública y el respeto a los derechos constitucionales, evitando su involucramiento en la aplicación de leyes migratorias federales.
La guía advierte que prácticas como las órdenes de detención del ICE y los acuerdos 287(g), que convierten a agentes locales en colaboradores de inmigración, pueden generar riesgos legales y socavar la confianza comunitaria. Según las organizaciones, estas medidas desvían recursos policiales de su misión principal y pueden disuadir a víctimas y testigos de delitos de colaborar con las autoridades por temor a represalias migratorias.
Recomendaciones clave para las agencias locales incluyen:
- Evitar firmar acuerdos 287(g) que delegan funciones migratorias a policías locales.
- No prolongar detenciones ni paradas de tráfico para contactar a autoridades migratorias.
- Aceptar diversas formas de identificación, incluidas licencias extranjeras.
- Informar a personas encarceladas sobre su derecho a rechazar entrevistas con ICE.
- No depender de agentes federales para servicios de interpretación.
Miriam Aukerman, abogada principal de la ACLU de Michigan, subrayó que “cuando las fuerzas del orden locales se involucran en la aplicación de la ley migratoria, se socava la seguridad pública y se expone al gobierno local a una enorme responsabilidad legal”.
Desde el ámbito judicial y comunitario, también se alzaron voces en respaldo de la guía. Eli Savit, fiscal del condado de Washtenaw, alertó sobre el impacto en los procesos judiciales: “Las víctimas temen más a su gobierno que al agresor, lo que impide que testifiquen y que los casos prosperen”. Por su parte, Jessica Glynn, vicepresidenta de Servicios para Víctimas de la YWCA de Kalamazoo, destacó que “cuando los sobrevivientes confían en la policía, colaboran y eso fortalece la seguridad de todos”.
La sheriff Alyshia Dyer del condado de Washtenaw fue contundente: “Los inmigrantes son seres humanos, no estadísticas. Cuando nuestra comunidad tiene miedo de llamar al 911, todos estamos en riesgo”.
La guía legal, junto con materiales complementarios como preguntas frecuentes y grabaciones informativas, está disponible para consulta pública. La declaración se puede encontrar en este enlace.
El MIRC reafirma su compromiso de construir un Michigan inclusivo, donde todas las comunidades puedan vivir con equidad, seguridad y pertenencia.
