Lansing, MI – Una decisión judicial reciente ha marcado un precedente clave en la defensa del acceso a servicios sociales en Estados Unidos. La fiscal general de Michigan, Dana Nessel, logró obtener una orden judicial preliminar (pdf) que impide la aplicación de nuevas directrices federales que, según argumenta, ponían en riesgo programas esenciales para comunidades vulnerables.
La medida judicial responde a una demanda interpuesta en julio por Nessel junto a otros 20 fiscales generales, en la que se cuestiona la reinterpretación de la Ley de Reconciliación de Responsabilidad Personal y Oportunidades Laborales (PRWORA). Esta reinterpretación, impulsada por la administración Trump, exigía verificar el estatus migratorio de los beneficiarios de múltiples servicios sociales, lo que podría haber derivado en la pérdida de fondos y el cierre de programas como Head Start, clínicas de planificación familiar, bancos de alimentos y refugios para víctimas de violencia doméstica.
“Esta decisión garantiza que las familias sigan accediendo a servicios vitales sin restricciones ilegales”, expresó Nessel tras conocerse el fallo. La fiscal reafirmó su compromiso de proteger los sistemas de apoyo comunitario frente a políticas que, según señala, vulneran derechos fundamentales.
El tribunal consideró que las nuevas directivas podrían haber violado la Ley de Procedimiento Administrativo y la Constitución, al ser emitidas sin el debido proceso legal y sin evaluar adecuadamente sus consecuencias. Por ello, suspendió su implementación en los estados demandantes mientras continúa el litigio.
En Michigan, los cambios propuestos habrían impactado directamente en programas como el Título X de planificación familiar, iniciativas de transición para personas sin vivienda y servicios de empleo. La acción legal fue respaldada por fiscales generales de estados como California, Nueva York, Illinois y Washington, entre otros.
Este fallo representa un alivio para millones de familias que dependen de estos servicios, y abre un nuevo capítulo en la defensa del acceso equitativo a la salud, la educación y la asistencia social en el país.
