El Centro de Derechos de Inmigrantes de Michigan (MIRC) denuncia la decisión del gobierno de Trump de rescindir una política de larga data que protegía las áreas sensibles de las acciones de inmigración por parte de ICE. Esta política, vigente desde 2011, instaba al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) a evitar acciones de aplicación de la ley en lugares como escuelas, instalaciones de salud, lugares de culto, centros de servicios sociales y refugios, y eventos religiosos o ceremoniales.
La revocación de esta política amenaza la seguridad y el bienestar de niños, víctimas de emergencias y violencia, y comunidades religiosas. Según MIRC, esta acción busca infundir temor en las comunidades inmigrantes y podría poner en riesgo la salud y seguridad pública, ya que las comunidades ya no podrán centrarse en actividades esenciales como la oración, la curación y el aprendizaje sin preocuparse por las acciones de las autoridades.
ICE también ha actualizado sus directrices para operaciones en y alrededor de los tribunales, señalando que estas acciones estarán dirigidas a individuos específicos, aunque pueden incluir no ciudadanos con órdenes de deportación previas. Se mantiene el desaliento de acciones civiles en tribunales no penales, como el tribunal de familia.
Es importante que las comunidades sepan que, a pesar de la eliminación de esta política, existen protecciones legales que permanecen vigentes. Las personas aún están protegidas por la Cuarta Enmienda contra registros irrazonables y pueden solicitar que los agentes muestren una orden de registro válida. Además, la Quinta Enmienda protege el derecho a permanecer en silencio.
Para las comunidades afectadas, MIRC ofrece recursos e información sobre sus derechos, disponibles en bit.ly/MIRCKYR o llamando al (734) 239-6863.
Para más información, visita michiganimmigrant.org.
