Lansing, Mich. – Dos miembros republicanos de la junta estatal de educación, Tom McMillin y Nikki Snyder, están solicitando representación legal a la oficina del Fiscal General Dana Nessel para demandar a la gobernadora Gretchen Whitmer y detener el recién creado Departamento de Educación, Logros y Potencial Permanente de Michigan.
El pasado 12 de julio, Whitmer anunció la orden ejecutiva que lanzaba el Departamento de Educación, Logros y Potencial Permanente, o MiLEAP.
Los republicanos miembros de la junta han estado en desacuerdo sobre el departamento MiLEAP, dada su proximidad a la función constitucionalmente otorgada a la Junta de Educación del Estado de supervisar la educación pública en Michigan y le pidieron a la Fiscal General Nessel que estableciera un «muro de conflicto» mientras planeaban presentar la demanda.
«Con su reciente orden ejecutiva, la gobernadora Whitmer ciertamente ha violado el significado claro de esta sección de la constitución estatal», dijo McMillin en un correo electrónico. «Es necesario impedir que implemente sus deseos ilegales de eliminar la autoridad constitucional de la Junta Estatal de Educación y consolidar la autoridad educativa bajo su control».
La junta Estatal de Educación electa de Michigan, había solicitado por unanimidad, el pasado 8 de agosto, una opinión legal formal de Nessel para determinar si el nuevo departamento es constitucional.
Nessel había respondido a la solicitud diciendo que era demasiado pronto para solicitar una opinión, pero el departamento parecía constitucional a primera vista, dado que la orden especificaba que «nada en esta orden ejecutiva debe interpretarse en el sentido de disminuir la autoridad constitucional de la Junta Estatal de Educación».
La Fiscal señaló que su análisis no representaba una opinión formal ya que el conflicto entre la Junta Estatal de Educación y el nuevo departamento era todavía hipotético, además de señalar que la orden ejecutiva que crea el nuevo departamento no entrará en vigor hasta el 1 de diciembre.
Nessel reconoció en la carta que el nuevo departamento podría tomar acciones que, según la Junta Estatal de Educación, violarían su autoridad constitucional. En ese momento, la junta podría buscar una opinión y las preguntas «se revisarán para determinar si una opinión es apropiada», dijo Nessel.
