Lansing, MI — La fiscal general de Michigan, Dana Nessel, obtuvo una victoria preliminar significativa en el litigio que busca proteger la información personal de millones de personas que dependen del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP). El Tribunal de Distrito del Norte de California emitió una orden de restricción temporal (pdf) que impide al gobierno federal exigir a los estados la entrega de datos confidenciales de los beneficiarios del programa.
La medida responde a una demanda presentada en julio por Nessel, junto a fiscales generales de 21 estados y el estado de Kentucky, en la que se argumenta que la solicitud de información como domicilios, números de Seguro Social y estatus migratorio vulnera leyes de privacidad y podría ser utilizada para fines de control migratorio.
“La Administración intentó forzar a las familias a elegir entre su privacidad y su derecho a alimentarse. Me alegra que el Tribunal haya reconocido el riesgo que esto implicaba”, declaró Nessel tras conocerse la decisión.
Desde enero de 2020, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) ha exigido a los estados que compartan datos personales de los beneficiarios del SNAP, bajo amenaza de recortes en la financiación del programa. Esta exigencia ha generado tensiones legales, ya que tanto las normativas estatales como federales limitan estrictamente el uso y divulgación de esta información.
En Michigan, más de 1.4 millones de personas reciben apoyo mensual a través del SNAP, con una inversión aproximada de 254 millones de dólares. Aunque los adultos sin ciudadanía no califican directamente para el beneficio, la ley permite que soliciten ayuda en nombre de sus hijos ciudadanos.
La orden judicial no solo frena la entrega de datos, sino que también impide que el USDA retenga fondos destinados al programa mientras se resuelve el litigio. Esta decisión representa un paso clave en la defensa de los derechos de las familias vulnerables frente a políticas que, según los demandantes, comprometen su seguridad y dignidad.
La coalición demandante incluye representantes de estados de Arizona, California, Colorado, Connecticut, Delaware, el Distrito de Columbia, Hawái, Illinois, Maine, Maryland, Massachusetts, Minnesota, Nevada, Nueva Jersey, Nuevo México, Nueva York, Oregón, Rhode Island, Washington y Wisconsin, así como el estado de Kentucky.
Este fallo preliminar marca un precedente importante en la protección de la privacidad de los beneficiarios de programas sociales, en un contexto de creciente preocupación por el uso de datos personales en políticas públicas.
