Detroit, MI — Organizaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes, la seguridad alimentaria y la atención médica han expresado su preocupación ante el debate sobre el presupuesto federal que se desarrolla en el Congreso. Según estas agrupaciones, las propuestas de reducción de fondos destinados a servicios esenciales podrían poner en riesgo a millones de familias inmigrantes en Michigan, limitando su acceso a atención médica y programas de apoyo fundamentales.
Representantes del Centro de Derechos de los Inmigrantes de Michigan (MIRC), la Coalición para la Protección de las Familias Inmigrantes (PIF), la Asociación de Atención Primaria de Michigan, la Liga de Políticas Públicas de Michigan y el Consejo de Bancos de Alimentos de Michigan ofrecieron declaraciones durante una conferencia de prensa virtual, alertando sobre las graves consecuencias que podrían derivarse de estos posibles recortes.
«Estos cambios afectarían directamente a las comunidades inmigrantes en todo el estado,» afirmó Christine Sauvé, del MIRC. «Los inmigrantes contribuyen de manera significativa a la economía y la sociedad de Michigan, por lo que cualquier reducción en servicios esenciales perjudicaría no solo a estas familias, sino al estado en su conjunto.»
La incertidumbre sobre el futuro de programas como el Crédito Tributario por Hijos y el acceso a beneficios de seguridad alimentaria ha generado inquietud entre quienes trabajan en el ámbito de la salud y el bienestar social. Scott Preston, analista de la Liga de Políticas Públicas de Michigan, resaltó el impacto económico de estas medidas, señalando que la reducción de apoyo financiero a las familias inmigrantes podría afectar la estabilidad de numerosos sectores y comunidades locales.
Por su parte, Anna Almanza, del Consejo de Bancos de Alimentos de Michigan, advirtió que las restricciones propuestas al programa SNAP podrían incrementar la inseguridad alimentaria en diversas regiones. «Negar el acceso a beneficios esenciales a quienes residen legalmente en el país y a ciudadanos en familias inmigrantes afectaría la estabilidad económica y alimentaria de muchas comunidades,» explicó.
Defensores instaron al Congreso a considerar soluciones que fortalezcan la seguridad y bienestar de las familias, en lugar de implementar medidas que profundicen la pobreza y el acceso limitado a servicios de salud. «Las decisiones presupuestarias deben enfocarse en mejorar la calidad de vida de los residentes, no en socavarla,» concluyó Esther Reyes, estratega de campaña de PIF.
A medida que avanza el debate legislativo, organizaciones y líderes comunitarios continúan pidiendo a los responsables políticos que prioricen el bienestar de las familias, asegurando un acceso equitativo a recursos esenciales para el desarrollo y la estabilidad de Michigan.
