Lansing, MI – La Fiscal General de Michigan, Dana Nessel, junto con una coalición de 16 fiscales generales de distintos estados, ha presentado una demanda contra la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) y la Administración Trump. El litigio busca impedir la distribución de miles de dispositivos de conversión de ametralladoras conocidos como Gatillos de Reinicio Forzado (FRT), cuya comercialización y posesión son ilegales bajo la ley federal.
Los FRT permiten disparos continuos con una velocidad similar a la de una ametralladora militar, lo que los convierte en un riesgo significativo para la seguridad pública. A pesar de que previamente fueron clasificados como ametralladoras por la ATF, un reciente acuerdo firmado bajo la dirección de la Administración Trump suspende la aplicación de la prohibición y permite la redistribución de miles de estos dispositivos previamente incautados.
En un comunicado, la Fiscal General Nessel enfatizó los peligros que esta medida representa para la comunidad. “Las ametralladoras no tienen cabida en nuestras calles. Esta decisión facilita el acceso a dispositivos que convierten armas de fuego en automáticas, poniendo en riesgo vidas y obstaculizando nuestros esfuerzos para reducir la violencia armada”, afirmó.
Creciente preocupación por el impacto en la seguridad pública
Las autoridades han advertido sobre el aumento del uso de dispositivos de conversión de ametralladoras en crímenes violentos, incluidos tiroteos masivos. Según datos de la ATF, la presencia de estos dispositivos en escenas del crimen aumentó en un 1400 % entre 2019 y 2021. Además, se estima que más de 100,000 FRT han sido distribuidos ilegalmente en todo el país en los últimos años.
La demanda argumenta que la ATF está incumpliendo la legislación federal al facilitar la redistribución de estos dispositivos. Además, sostiene que esta acción viola leyes estatales, incluida la legislación de Michigan, que prohíbe explícitamente la posesión de FRT.
Los fiscales generales que respaldan el litigio provienen de Colorado, Delaware, Hawái, Illinois, Maine, Maryland, Massachusetts, Minnesota, Nevada, Nueva Jersey, Oregón, Rhode Island, Vermont, Washington y el Distrito de Columbia.
La coalición busca una orden judicial preliminar para frenar la distribución de los dispositivos FRT y evitar que lleguen a comunidades donde su uso está prohibido.
