Detroit, MI — En una decisión que refuerza el derecho al debido proceso, una jueza federal ordenó al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) liberar de inmediato a diez inmigrantes detenidos sin audiencia judicial, o concederles una audiencia de fianza en un plazo máximo de siete días. La medida responde a tres fallos emitidos el viernes por la jueza Brandy R. McMillion, en el Distrito Este de Michigan.
Entre los beneficiarios se encuentra José Contreras-Cervantes, residente de Michigan desde hace años, padre de tres hijos ciudadanos estadounidenses y paciente con leucemia, cuya salud se vio comprometida durante su detención. Su caso, junto al de otros siete clientes de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU), y dos representados por abogados privados, fue presentado como ejemplo de las consecuencias de una directiva federal que restringe el acceso a audiencias de fianza para personas en proceso migratorio.
La ACLU de Michigan, que lideró la demanda, celebró el fallo como una victoria para los derechos constitucionales. “Este gobierno está separando familias y encarcelando personas sin motivo todos los días. No vamos a permitir que eso suceda”, expresó Miriam Aukerman, abogada principal de la organización.
La jueza McMillion argumentó que la nueva política federal, impulsada por la administración Trump, contradice la Ley de Inmigración y Nacionalidad y vulnera principios fundamentales de libertad. “No podemos elegir arbitrariamente qué leyes seguir cuando mejor nos convienen”, señaló en su decisión.
El caso de Juan Manuel López-Campos, otro residente de Detroit y padre de cinco hijos, también fue citado como precedente. Tras una orden similar en agosto, fue liberado por ICE días después.
Para Lupita Contreras-Cervantes, esposa de José, el fallo representa un alivio tras semanas de angustia. “Estamos deseando volver a tenerlo en nuestros brazos. Este fallo nos devolvió la esperanza”, declaró.
La decisión se suma a una serie de fallos similares emitidos por jueces federales en todo el país, que reconocen el derecho de los inmigrantes a solicitar su liberación bajo fianza mientras se resuelven sus casos.
FUENTE: Comunicado de prensa de ACLU de Michigan
