Detroit, MI — La Corte Suprema de Michigan escuchó este miércoles los argumentos orales en el caso MIRC v. Whitmer, una disputa legal que podría redefinir el acceso a la justicia para trabajadores indocumentados lesionados en el estado. La audiencia atrajo la atención de defensores de derechos civiles, organizaciones legales y comunidades migrantes, quienes consideran que el veredicto tendrá implicaciones profundas para la equidad laboral y el control ciudadano sobre las acciones del gobierno estatal.
El litigio fue impulsado por el Centro de Derechos de los Inmigrantes de Michigan (MIRC), que cuestiona la negativa sistemática del estado a otorgar compensación laboral a trabajadores sin documentos que han sufrido accidentes graves en el trabajo. Según los demandantes, esta práctica contradice precedentes judiciales y vulnera el derecho al debido proceso.
Antecedentes del caso
En 2024, el Tribunal de Apelaciones de Michigan dictaminó que un tribunal inferior debería haber concedido la moción del estado para una resolución sumaria en el caso. El panel del Tribunal de Apelaciones no se pronunció sobre el fondo de las obligaciones legales del estado con los trabajadores indocumentados. En cambio, dictaminó que la demanda de MIRC no se presentó en el momento oportuno porque el estado supuestamente comenzó a violar los derechos de los trabajadores más de un año antes, sosteniendo que la mala conducta persistente del estado es lo que lo exime de la demanda, señala el comunicado de MIRC.
La Corte Suprema ahora debe decidir si esta interpretación excluye injustamente a quienes han sido víctimas de negligencia laboral.
Durante la audiencia, representantes de MIRC, FarmSTAND, Sugar Law Center y aliados como la ACLU de Michigan y la Fundación de Trabajadores Agrícolas Unidos, defendieron el derecho de los trabajadores a recibir compensación y el derecho de los ciudadanos a cuestionar legalmente las acciones del estado.
“Este caso no solo trata de salarios perdidos, sino del acceso a la justicia para quienes sostienen nuestras comunidades con su trabajo”, expresó David Muraskin, abogado de FarmSTAND.
Por su parte, Anna Hill Galendez, abogada gerente de MIRC, subrayó que “trabajar no debería implicar arriesgar la salud sin protección alguna. La ley debe amparar a todos los trabajadores, sin excepciones”.
Expertos legales advierten que el fallo podría sentar un precedente sobre la capacidad de los ciudadanos para impugnar conductas ilegales del gobierno estatal. “Si el estado puede violar derechos durante un año sin consecuencias, ¿qué garantías quedan para el resto?”, cuestionó Phil Mayor, abogado de la ACLU.
La decisión final de la Corte Suprema se espera para junio de 2026. Mientras tanto, organizaciones y comunidades continúan movilizándose para visibilizar la situación de los trabajadores excluidos del sistema de compensación laboral.
