Una coalición bipartidista de 39 fiscales generales de diferentes estados de Estados Unidos ha enviado una carta al Congreso para solicitar una reforma de las prácticas de los administradores de beneficios farmacéuticos (PBM), las empresas que actúan como intermediarios entre los seguros y los fabricantes de medicamentos.
La carta, liderada por los fiscales generales de Ohio, Carolina del Norte, Pensilvania y Arkansas, denuncia que los PBM aumentan los precios de los medicamentos recetados sin aportar transparencia ni beneficios a los consumidores de atención médica.
La fiscal general de Michigan, Dana Nessel, que se ha sumado a la iniciativa, ha declarado que «estas reformas buscan generar responsabilidad en las prácticas de fijación de precios de medicamentos recetados de las PBM y garantizar que los reguladores estatales y federales tengan acceso a datos de precios significativos».
La coalición propone tres proyectos de ley que limitarían el poder de los PBM y exigirían que proporcionen información sobre sus negociaciones con los fabricantes de medicamentos y los planes de salud. Estos proyectos son la Ley de DROGAS, la Ley de Protección de Pacientes Contra Abusos de PBM y la Ley de Menores Costos, Más Transparencia.
Los fiscales generales esperan que el Congreso tome medidas legislativas para proteger a los pacientes del costo creciente de los medicamentos recetados y priorizar sus necesidades e intereses sobre los motivos de lucro de los PBM.
